El gobierno polaco secuestra los embriones de lesbianas y solteras

El gobierno polaco secuestra los embriones de lesbianas y solteras

Desde hace más de cuatro años, cientos de embriones fertilizados esperan a que el Gobierno polaco permita a sus madres gestarlos. Hasta que estas madres futuribles no “consigan” un hombre que acepte legalmente la responsabilidad de ser padre, los embriones permanecerán en el limbo. Para las mujeres que pasaron por un largo, difícil y costoso proceso antes de conseguir fertilizar alguno de sus óvulos, se trata de un castigo por estar solteras o no intentar concebir según les ordena la Iglesia. Para el ultraconservador Gobierno polaco, es una manera de proteger a futuros niños de una vida “indigna” por haber nacido a través de un método “vil y malvado”.

Así calificó a la fecundación in vitro (FIV) Mikołaj Pawlak, un abogado eclesiástico elegido por el Gobierno para ser Defensor del Niño en Polonia, a pesar de no haber trabajado jamás en ninguna institución relacionada con la infancia. Pawlak argumenta que un niño que no vaya a crecer en una familia formada por un padre y una madre casados por la iglesia “nunca estará suficientemente protegido”.

Anteriormente, Pawlak se encargó de redactar la Ley de Menores que propone reducir la edad de responsabilidad judicial de 13 a 10 años, así como establecer en los 10 años la “madurez moral” de un menor, de manera que un niño de esa edad ya pueda ser interrogado y registrado por la policía, permanecer retenido en un centro de arresto para menores y tener antecedentes penales. En junio, este polémico Defensor del Niño aseguró que “hay que diferenciar entre un bofetón que no deja marcas y una paliza”, para defender los castigos corporales a niños. Pawlak está casado y tiene dos hijos.

Ultracatolicismo y pre-mamás

En 2015, el partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) ganó las elecciones con un ideario basado en una visión ultracatólica de la sociedad. Para modelar a lo que llamaron “los nuevos polacos”, sacaron adelante leyes que penalizaban cualquier versión de la familia que no sea la de una pareja polaca, heterosexual y casada por la Iglesia. Según esa agenda, las mujeres que querían ser madres mediante FIV debían encontrarse con todas las dificultades posibles. Una de las primeras medidas consistió en dejar de financiar este tipo de tratamientos con dinero público. Además, los óvulos ya fertilizados propiedad de polacas que permanecían congelados en laboratorios no podrán ser usados hasta que no aparezca un hombre que afirme ser pareja de la “pre-mamá” y se comprometa a ejercer como padre legal de la futura criatura.

Las mujeres que habían completado el tratamiento, a veces costeándolo de su bolsillo o recurriendo a empresas extranjeras, se encontraron de pronto con que sus óvulos habían sido “nacionalizados”. El Gobierno ya ha dicho que sólo se los devolverá si aceptan un modo de vida y unas creencias que ellas no comparten. Según la interpretación que el Gobierno hace del artículo 30 de la Constitución polaca, que alude al derecho a “una vida digna”, sólo los niños criados en familias tradicionales tienen garantizado un futuro “seguro” y “normal”. Mientras tanto, cientos de polacas continúan pagando el alquiler anual que permite a sus óvulos fertilizados seguir esperando a que cambien las cosas para nacer.

En Polonia, la publicidad de las clínicas que hacen fertilización in vitro (IVF) muestran variaciones de lo mismo: un bebé, una mujer y un hombre. Irena —como todas las entrevistadas en el artículo de The New Yorker, pidió la reserva de su identidad— llamó para confirmar si también trataban a mujeres solas. Le dijeron que sí. Pidió una cita.

Luego de tres años de procedimientos, a mediados de 2015 logró seis óvulos fecundados de buena calidad, llamados pre-embriones. Congeló cuatro e hizo la transferencia de dos. En agosto supo que iba a ser madre. Pero a las 10 semanas, perdió el embarazo.

Volvería a intentarlo, se animó. Sin embargo, no podría. En el tiempo que había pasado con toda su atención centrada en su maternidad, no había mirado las noticias. Una nueva ley le impedía utilizar sus propios óvulos fecundados para tener hijos excepto que, como en la publicidad de las clínicas, estuviera acompañada por un hombre.

El partido Ley y Justicia (PiS), de orientación populista conservadora, había impulsado una legislación que seguía al pie de la letra la oposición del Vaticano a la IVF, y proponía su prohibición y la criminalización de quienes la hicieran. Como todavía gobernaba una coalición centrista —hoy el PiS tiene ese lugar— se llegó a una versión menos extrema: la nueva ley limitó la IVF a parejas heterosexuales, casadas o no, cuyos miembros se hicieran responsables por escrito, legal y financieramente, de los niños que tuvieran como resultado del tratamiento.

No habría excepciones para quienes hubieran congelado pre-embriones antes de la promulgación de la ley. Irena —que no tenía pareja, ni había tenido en bastante tiempo, como le sucedía a varias de sus conocidas— pensó en pedirle a un amigo que firmara con ella. Pero eso haría que ese hombre pudiera ser perseguido penalmente si no sostenía económicamente al hijo de ella, y además la obligaría a compartir la tenencia.

“Además, otro artículo de la ley, destinado a asegurar que no se destruyeran los pre-embriones, ordenaba que se los donara a una pareja heterosexual que sufriera infertilidad en el caso de que no fueran usados en 20 años”, destacó The New Yorker. Irena temió que, si no encontraba la manera de usar su propio material genético, la misma ley que se lo prohibía, se lo quitaría. “Para mí aceptar esa situación legal, tener a mis pre-embriones esperándome y no poder acceder a ellos, era algo inimaginable”, dijo a la publicación.

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